corrupción en baleares

La Oficina Anticorrupción investiga el amaño de plazas a sindicalistas en la Policía Local de Palma

Hay siete oposiciones bajo sospecha donde habrían obtenido plaza tras negociar las bases de acceso

La mayor parte de ellas corresponde a la presente legislatura, con la edil Adrover al frente del cuartel

Las irregularidades habrían sido puestas en conocimiento del gobierno municipal sin ningún resultado

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Amaño plazas policía local
El alcalde de Palma, José Hila con la concejala de Seguridad Ciudadana, Joana María Adrover.
Indalecio Ribelles
  • Indalecio Ribelles
  • Redactor OKDIARIO en Baleares, información local de Palma, social y política en general. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.

La Oficina Anticorrupción del Govern balear investiga el supuesto amaño de plazas para sindicalistas en la Policía Local de Palma.  La denuncia presentada ante la Oficina de Prevención y Lucha Contra la Corrupción recoge la constatación de que habría personas que, actuando como asesores o como sindicalistas, han negociado bases de procesos de selección de los que han acabado formando parte o tienen un interés directo. 

Una cuestión que se deduce tras comprobar las listas de admitidos provisionales o definitivas de los procesos selectivos de los concursos oposición de oficial, inspector y mayor publicadas en el año 2020, siendo ya concejala de Seguridad Ciudadana, la socialista Joana María Adrover

El caso se habría puesto previamente en conocimiento de diferentes áreas municipales a las que se les habrían remitido hasta 26 escritos sobre el particular, sin recibir el denunciante respuesta alguna y sin haber abierto una investigación sobre los concursos bajo sospecha. 

En total, hasta siete procesos de selección policial están en la picota al haberse detectado diferentes  irregularidades. En muchos casos se trata de una desviación de las funciones sindicales y de falta de honradez a la hora de negociar las bases en la Policía Local, donde se estarían atendiendo las razones personales del sindicalista negociador y no la visión sindical real. 

Asimismo, se está investigando la paralización arbitraria de procesos selectivos y de promoción sin que se hubiera dictado ninguna resolución oficial, aunque ésta se habría producido, una vez conocida la lista final de aspirantes. 

En la denuncia presentada por agentes del Cuerpo, que sirve de base a la investigación, se critica la situación de un Ayuntamiento  de Palma doblegado a intereses de algunos sindicatos y sindicalistas, al acotar para muy pocos unas plazas a las que podrían tener acceso muchos y cuyo peor desenlace es el veto a las mujeres en el acceso a las escalas de mando de una forma devastadora.

Agentes imputados por corrupción

Entre las razones que habrían llevado a esta situación de vulneración de principios, se aduce la polarización del Cuerpo de la Policía Local de Palma, con decenas de agentes imputados la pasada legislatura en diferentes casos de corrupción, muchos de los cuales están aún por juzgar. En estos momentos hay más de una treintena de policías imputados de los más de 70 que llegaron a estar la pasada legislatura investigados.

Una situación que, según el denunciante, ha creado enemigos y donde los unos deciden el destino de los otros, influyendo en los políticos para que purguen a agentes que lo único que hicieron la pasada legislatura fue trabajar cumpliendo órdenes. 

Asimismo, se denuncia que la influencia sindical en la resolución de los procesos selectivos está objetivamente lejos del interés social y que se aprovecharon de la ofuscación por la paz social que quería la actual dirección política de la Policía Local de Palma. Un desbarajuste que tendría responsabilidades repartidas entre sindicatos, sindicalistas, políticos y funcionarios, con la inacción total del alcalde de Palma, José Hila.  

El denunciante, además de exigir la paralización de los siete procesos selectivos, solicita que se valore si debe derivarse el caso a la Fiscalía Anticorrupción y que se le proporcione la protección que sea necesaria ante el temor a posibles represalias municipales por haber denunciado estas irregularidades. 

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